La imposible movilidad para todas las personas en la ciudad en disputa
El eslogan de la Semana Europea de la Movilidad 2026, «Movilidad para todas las personas«, no es una frase ingenua: es una consigna radical. Dice que moverse no es un privilegio sino algo que nos corresponde por el simple hecho de habitar un territorio. Además este año la SEM incorpora la dimensión intergeneracional y la adaptación a las distintas capacidades a lo largo de la vida.
Si el lema se cumpliera, aún mínimamente, se caería todo el actual modelo de ciudad: el que se organiza alrededor del privilegio insostenible del coche privado, subasta la acera al mejor postor y convierte el derecho a moverse en una suscripción obligatoria o un peaje para ejercer ese derecho básico y universal. Vamos a destacar solo estas tres cuestiones, aunque la lista es interminable y quienes la alargan saben por qué.
La pobreza en el transporte: cuando moverse es un lujo
Un hogar sufre pobreza de transporte cuando destina más del 10% de su gasto a moverse. En España, entre dos y tres millones de hogares superan ese umbral. En zonas rurales el gasto alcanza el 14,1% frente al 10,6% urbano, y el 26,9% de la población rural no usa transporte público simplemente porque no existe.
El resultado es la propiedad forzosa del coche: España tiene la segunda tasa más alta de Europa (10,3%), con personas que tienen que renunciar a bienes básicos para poder pagar un vehículo motorizado porque no tienen garantizada alternativa alguna. Y esto no es una fatalidad: es una dependencia impuesta. El coche obligatorio es la forma más pura de la conculcación del derecho a «movilidad para todas las personas»: si para moverte necesitas poseer un coche (y pagar letras, seguros, combustible, mantenimiento, etc.) tu derecho no es un derecho, es llevar una correa al cuello.
Las terrazas: el cercamiento silencioso del común
El espacio público es el único común de la ciudad. No se compra, no se hipoteca, no se hereda. Y precisamente por eso está siendo cercado.
Por poner un ejemplo, en Madrid hay 6.472 terrazas ocupando 196.647 m² de espacio público, con 204.959 sillas sobre las aceras. La ordenanza de 2025 está recurrida por entregar la ciudad literalmente a la hostelería cuyos incumplimientos sistemáticos son tolerados: exceso de ocupación, bloqueo de accesos, falta de separación e invasión del espacio reservado a personas con discapacidad. Y lo mismo pasa en Valencia, Gijón, Cádiz, etc.
Llamémoslo por su nombre: es un cercamiento. Un negocio privado se apropia de un bien común y expulsa a quien camina, a quien va en silla de ruedas, a los niños y niñas que juegan. La ciudad no se torna invivible solo con gentrificación, turistificación y desahucios: también con una invasión de mesas y sillas.
Los palos en las ruedas: el cochismo institucional
Mientras la Ley de Movilidad Sostenible reconoce la movilidad como derecho de todos y todas, muchos ayuntamientos gobiernan para el 20-25% que se mueve en coche: Subvenciones millonarias para la compra de vehículos particulares, destrucción de enclaves naturales y refugios climáticos, expulsión de las bicicletas de la ciudad, etc.
Y no es por incompetencia (que también): es pura elección de clase. Socializan los costes (contaminación, siniestralidad, espacio, salud) y se privatizan los beneficios. Las administraciones locales no son neutrales: son el aparcacoches del capital y el guardia jurado de las terrazas.
Hay alternativas a la frustración y la derrota
A estas alturas del estado de la cuestión, la respuesta no es pedir mejor gestión, sino recuperar la capacidad de decidir que ciudad queremos y luchar por ella. Las asambleas vecinales que luchan contra la turistificación empiezan a definir que usos de las aceras son legítimos y cuales no, por ejemplo, recuperando la calle para el encuentro no mercantilizado (las cenas al fresco de Palma). Hay muchos ejemplos de acciones de apropiación directa del espacio: calles abiertas, los corredores escolares autogestionados o el bicibus escolar, la masa crítica y las bicifestaciones que reclaman el espacio robado, o plataformas ciudadanas que auditan la accesibilidad de las calles y denuncian los abusos. En las zonas rurales la respuesta es el mutualismo, creando redes de transporte comunitario donde no hay bus o redes de ayuda para reducir esas necesidades impuestas de movilidad (como las ideas ganadoras del 5th European Hackathon que conocimos en el Parlamento Europeo en Estrasburgo). Y, por qué no, siempre nos queda la desobediencia civil pacífica cuando las ordenanzas injustas hacen de la ciudad en disputa un paraíso para el coche y un puro negocio privado, en detrimento del espacio urbano de todos y todas.
